La jornada fue convocada para las 11 y se espera que los jueces Ramos y Ramos Padilla asistan al Congreso.
Politica 23 de febrero de 2023
TELEDIARIO.COM.AR
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados realizará el jueves la primera de las audiencias en las que se recibirán testimonios de jueces y funcionarios judiciales, en lo que constituye la segunda etapa de sustanciación del proceso que se lleva a cabo contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores del Frente de Todos.
Para la jornada fueron convocados los magistrados Alejo Ramos Padilla (juez federal de La Plata) y Sebastián Ramos (juez federal de la Ciudad de Buenos Aires), quienes según asistirán al Congreso, según confirmaron fuentes a Télam.
Existía la duda sobre el alcance de la citación: el artículo 250 del código procesal penal incluye a los funcionarios del Poder Judicial de la Nación entre quienes no están obligados a comparecer a los tribunales cuando son citados como testigos, pero el reglamento de la Comisión de Juicio Político dispone lo contrario.
"Los magistrados y funcionarios indicados en el artículo 250 del Código Procesal Penal, con excepción del presidente y vicepresidente de la Nación y los gobernadores y vicegobernadores de las provincias, estarán igualmente obligados a comparecer ante la Comisión a testimoniar", se indica en el reglamento de la comisión, por lo que los funcionarios convocados habrían interpretado que la citación no tiene carácter de opcional.
Primeros testigos: Ramos Padilla y Ramos
La convocatoria de ambos magistrados está vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat de Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como "Consejo de la Magistratura" y "Coparticipación".
El juez Sebastián Ramos fue quien archivó desde los tribunales federales de Comodoro Py, y a instancias del fiscal Carlos Stornelli, una denuncia vinculada a esos chats, bajo el argumento de que los elementos probatorios incorporados a la denuncia podrían haber sido obtenidos "mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal".
Su colega Alejo Ramos Padilla, en tanto, intervino en una denuncia por los mismos hechos, pero presentada ante el fuero federal platense por el Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sostuvo lo opuesto en relación a los supuestos indicios de espionaje ilegal.
"Tampoco han sido arrimados al expediente elementos de prueba serios y objetivos que permitan afirmar que las comunicaciones de Robles y D'Alessandro provienen de acciones de espionaje ilegal en los términos establecidos por la ley 25.520", indicó Ramos Padilla cuando se declaró incompetente y envió la denuncia a Comodoro Py, a la jueza María Eugenia Capuchetti.
"No debe olvidarse que, según establece dicha norma, el delito de espionaje ilegal se configura únicamente con la intervención de un funcionario público; es decir, cuando es el Estado el que realiza o participa de algún modo en la actividad de espionaje, cuestión que, al menos de momento, no ha sido verificada", completó.
Además, la lista aprobada por los diputados para la jornada, incluye, también, los nombres de Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5, actualmente inexistente en el organigrama de la Corte Suprema; Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2 Previsional; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.
Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la Coalición Cívica-ARI, Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, en el marco del pedido de juicio político que esa agrupación -integrante de Juntos por el Cambio- promueve contra el juez Ricardo Lorenzetti.
EN ORSAI.-
La Policía solicita a los ciudadanos "no transitar en vehículos por las arterias mencionadas, y utilizar calles alternativas para evitar demoras innecesarias y congestiones en el tránsito vehicular". Las vías de circulación serán habilitadas nuevamente una vez que la columna de manifestantes haya pasado.
El lamentable episodio ocurrió en año 2007. La defensa del imputado planteó oposiciones legales, incluyendo la prescriptibilidad de la acción, argumentando que el tiempo transcurrido desde el supuesto abuso invalidaba la denuncia.
Se les ha otorgado un plazo para responder a las solicitudes judiciales, incluyendo la presentación de un informe detallado conforme a la ley, antes de que se tome una decisión sobre la demanda de reincorporación.
Vecinos de la Ciudad y el conurbano protestaron en simultáneo con el mensaje grabado del Presidente.
El presidente ucraniano se refirió a los esfuerzos coordinados de algunos países occidentales para interceptar el ataque masivo de Irán a Israel este mes.
Sergio Palazzo de La Bancaria (CGT), Hugo Cachorro Godoy (CTA Autónoma), la diputada socialista Mónica Fein y el senador nacional Martín Lousteau serán algunos de los oradores del encuentro.
El Presidente sostuvo que el primer trimestre cerró con superávit financiero primario, pero evitó dar los números del mes marzo que le son adversos.
El legislador nacional anunció que se ha acordado citar al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, para que brinde información y se pueda trabajar de manera conjunta en la promoción y regulación de la actividad minera en el país.
Inicialmente, un UJIER y otros miembros del Poder Judicial de Tinogasta notificaron a la abuela Pereyra sobre la orden de desalojo. Sin embargo, la situación se complicó cuando se solicitó la colaboración de las fuerzas policiales para ejecutar la medida.
En una declaración a Telediario Argentina, el comisario Vega explicó que, en acuerdo con el Ujier del Poder Judicial de Tinogasta, se otorgó una prórroga a la abuela Pereyra para que pueda presentar la documentación necesaria y ser debidamente representada ante la justicia.
En las próximos horas, buscará asesoramiento legal para realizar una contra denuncia y defender su derecho a permanecer en su único lugar de residencia, que recordemos, se trata de un terreno fiscal, de un terreno propiedad del Estado Provincial, terreno que no puede ser negociado ni opuesto en venta bajo ningún punto de vista.
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